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martes, 6 de noviembre de 2007

Latinoamérica: Noticias RMR - Lunes 05 de noviembre de 2007

Gobierno brasileño es “inoperante” en materia agraria, según el MST de Pará
En el norteño estado brasileño de Pará, familias del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) llevan ya más de veinte días bloqueando el acceso a una mina de hierro que explota la Compañía Vale do Rio Doce. Esta empresa fue privatizada en 1997 por el gobierno del derechista Fernando Henrique Cardoso y su “reestatización” es reclamada por varios movimientos sociales.
El pasado 31 de octubre, el MST de Pará elaboró un “manifiesto público” para criticar la “inoperancia” del gobierno brasileño para llevar adelante la Reforma Agraria.

Los ocupantes del acceso a la mina de Carajás, la tercera más grande del mundo, reclaman poder “ejercer soberanía sobre nuestras riquezas”, que hasta ahora vienen siendo entregadas por “los gobernantes y los tecnócratas” al capital internacional.

“Estamos hartos de las mentiras”, afirman desde el MST. Según el documento, la pobreza y la “ignorancia” de toda la zona norte del Brasil es un “problema del Estado brasileño y de quien gobierna sus instituciones”, que hasta ahora “opera exclusivamente a favor de una sola clase social: la burguesía”.

“No aceptamos más que las leyes del mercado y del capital internacional determinen el destino del pueblo”, sostienen los trabajadores sin tierra, que anuncian el inicio de una larga lucha contra la “dictadura del modo de vida capitalista”.

Afirman además que la reforma agraria “también es un problema” del Estado brasileño, que deberá aceptar que los movimientos sociales “no toleran más el modelo de exportación y acumulación de riqueza basado en la muerte de nuestra biodiversidad”.

De acuerdo al MST, hay que expropiar a aquellos latifundios que “practican violencia, trabajo esclavo y crimen ambiental”.
En la medida de fuerza contra la Compañía Vale do Rio Doce han participado unas 2600 familias, según informa el sitio del MST, y se ha contado con el respaldo de organizaciones estudiantiles, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), y el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués).

Papelera argentina contamina cinco veces más de lo permitido

En Argentina, un informe de monitoreo realizado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) reveló que la contaminación provocada por las emisiones gaseosas de la empresa Papelera Tucumán supera cinco veces las pautas de referencia aceptadas por la normativa nacional.

Según un artículo de la Agencia Walsh, durante varios meses la empresa instalada en las cercanías de la localidad tucumana de Lules operó sin contar con filtros en sus chimeneas, y eso provocó que la contaminación del aire generara “daños graves” sobre la producción agropecuaria y la salud de la población.

Papelera Tucumán es propiedad del ex diputado Alberto Pierri, cercano al ex primer mandatario durante dos períodos, el derechista Carlos Saúl Menem.

El informe de la CNEA hace hincapié en que los terrenos aledaños a la fábrica son destinados al cultivo de “frutas finas”, y que si estas emisiones contaminantes persisten “resultarían dañinas para la producción y para la salud de habitantes que vivan en las inmediaciones de la empresa”.

Reclaman soluciones al calentamiento global en Estados Unidos

Durante el fin de semana, miles de estadounidenses se sumaron a las manifestaciones llevadas a cabo en todo el país para demandar soluciones urgentes para el problema del calentamiento global. Se calcula que se produjeron manifestaciones en 500 ciudades, y en ellas participaron decenas de alcaldes de importantes ciudades de Estados Unidos.

En Seattle, el alcalde de la ciudad, Greg Nickels, indicó que “el Gobierno federal ha ignorado el problema durante estos años, pero esa no es una excusa para no actuar. Seattle ha cumplido e incluso ha excedido los acuerdos de Kioto, y más de 680 ciudades han seguido nuestro camino. Estados Unidos es el país que más contribuye al calentamiento global, y si nuestro presidente no asume el reto, daremos el giro a nivel local”, señaló.

Las movilizaciones se produjeron en el marco de la campaña Step it Up, que tiene entre sus objetivos el que los legisladores estadounidenses adopten tres demandas: que se corten las emisiones de dióxido de carbono un 80 por ciento de aquí al año 2050, que se cree un millón de “empleos verdes” y que se imponga una moratoria en la construcción de centrales térmicas.
30 por ciento de las especies se extinguirán dentro de 50 años debido al cambio climático
Nuevos estudios científicos están indicando que en un plazo de cincuenta años, el treinta por ciento de las especies vivas del planeta desaparecerán debido al cambio climático. Así lo explicó el investigador Michel Loreau, profesor de la Universidad McGill de Canadá, en una entrevista realizada por la agencia EFE.

“Si los modelos se cumplen, en cincuenta años se habrá perdido el treinta por ciento de todas las especies animales y vegetales que se conocen, alrededor de 1,5 millones, por culpa del cambio climático”, afirmó Loreau, señalando que la pérdida de biodiversidad es una amenaza de igual o incluso de mayor magnitud que el propio calentamiento global.

“La gente normalmente sólo se da cuenta de la pérdida de grandes especies, como los pandas o los elefantes, pero hay que tener en cuenta que muchas de las especies que desaparecen son microorganismos que no vemos pero que proporcionan unos servicios, como la limpieza del aire o del agua”, indicó el investigador, y agregó: “si se destruyen estos servicios se tiene que compensar la pérdida con trabajo humano y mucho dinero. Pero la pérdida de la biosfera tendría un precio infinito”.

Además, Loreau afirmó que el ritmo de desaparición de las especies se estaba produciendo de cien a mil veces más rápido que en el pasado.

Sindicatos peruanos se movilizan contra política económica del gobierno

En Perú, la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT Perú) están preparando para este jueves una jornada nacional de movilizaciones contra el rumbo de la política económica impulsada por el gobierno que conduce Alan García.

Las centrales sindicales cuestionan a la fuerza política de gobierno, el APRA, por no cumplir con las promesas formuladas durante la campaña electoral.

Los trabajadores incluyen además en su plataforma el rechazo a la aprobación en la Comisión de Medios y Arbitrios del Congreso de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países. Con dicha votación unánime registrada el miércoles pasado, restan solamente dos instancias parlamentarias para la ratificación definitiva del TLC.

El presidente de la CUT-Perú, Julio César Bazán, dijo en declaraciones a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR) que la administración de García está “más preocupada” en firmar acuerdos comerciales que en atender la “situación de la ciudadanía”.

Bazán agregó que es “necesario recordarle” al gobierno que el “costo de vida está subiendo”, mientras que “los sueldos siguen igual, y los abusos laborales también”. “Es por eso que salimos a marchar”, dijo el sindicalista.

Formaron Comité contra la Minería en Perú

En Perú, a finales de la semana pasada fue conformado un Comité de Lucha contra la Minería en la región de Ancash.

A través de una nota de prensa, los impulsores de la iniciativa afirman que este comité surge “como respuesta a la intromisión” de ocho empresas mineras que en los últimos dos años han solicitado permisos para explotaciones en esa zona del país.

“La mitad de ellas obtuvieron titulaciones de forma inconsulta y unilateral”, sostienen los opositores a la minería, que cuestionan por estas prácticas de “aval directo” al Ministerio de Energía y Minas.

El Comité de Lucha contra la Minería está exigiendo la suspensión de los petitorios que ya están en marcha y la anulación de los títulos otorgados. En un fragmento de la carta enviada a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, los activistas arguyen que las “principales actividades económicas” que se desarrollan en la zona están relacionadas con la agricultura y la ganadería, que se verán afectadas por la instalación de las mineras.

El rechazo a los petitorios y a las concesiones se fundamenta en Constitución Política del Estado, los derechos de propiedad, el Convenio Internacional 169 de la OIT y tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

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