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martes, 6 de noviembre de 2007

Méjico - Libertad de Prensa - Asesinatos y desapariciones de periodistas : Reporteros sin Fronteras ... - 2da. Nota del día

Méjico - Libertad de Prensa - Asesinatos y desapariciones de periodistas : Reporteros sin Fronteras pide al fiscal especial un balance preciso de las investigaciones

Sr.D. Octavio Alberto Orellana Wiarco

Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP)

Procuraduría General de la República, México D.F.

Señor Fiscal,
El 18 de julio de 2007 una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Washington, promovida por iniciativa de nueve organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa - entre las que se encuentra Reporteros sin Fronteras -, concluyó con la adopción de serios compromisos por parte de los representantes del gobierno federal mexicano que se hallaban presentes:

un refuerzo de las prerrogativas de la Fiscalía Especial par la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas - FEADP, que usted dirige desde febrero pasado;
un tratamiento a nivel federal de este tipo de casos;
un balance frecuente a la CIDH de los progresos en las investigaciones en curso;
una asociación de las organizaciones especializadas al seguimiento de las investigaciones. También se adoptaron otros compromisos en favor de los medios comunitarios y electrónicos.

Es cierto que las recientes modificaciones en la legislación federal, que van en el sentido de despenalizar los delitos de prensa, suponen avances en la libertad de expresión. La promesa, formulada en el transcurso del mes de octubre por el Presidente Felipe Calderón, de “federalizar” el tratamiento de los ataques a medios de comunicación, responde en parte a los compromisos asumidos en la audiencia de la CIDH.

Pero todos esos esfuerzos no pueden hacer olvidar la escandalosa impunidad que rodea los asesinatos de treinta y dos periodistas, y la desaparición de otros siete, desde 2000. En el año 2006 México incluso se clasificó en el segundo lugar de los países más peligrosos del mundo para la prensa, después de Irak; en ese año mataron a nueve profesionales de los medios de comunicación.

La investigación sobre el asesinato de Brad Will, joven camarógrafo de la agencia alternativa de prensa Indymedia, abatido el 27 de octubre de 2007 en un importante conflicto social y político en Oaxaca, puso de manifiesto algunas disfunciones en diferentes escalas del poder.

Según la familia del periodista, contactada por Reporteros sin Fronteras, la justicia federal no hace otra cosa que retomar las conclusiones de la investigación efectuada por la justicia de Oaxaca, asegurando que a la víctima la mataron a quemarropa unos militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuando ninguna prueba, ni ningún testimonio, avalan seriamente dicha hipótesis. Los numerosos testimonios acusaban más bien a policías y funcionarios locales.

Este caso demuestra la necesidad de que se retomen las investigaciones a nivel federal, lejos de las presiones políticas de algunas gobernadores, o de su entorno. Es por ello que la “federalización” del tratamiento penal de los ataques a la prensa se impone en un plazo inmediato.

Otros casos de asesinatos o desapariciones han puesto en evidencia la dificultad, más fundamental, de las autoridades policiales y judiciales para llegar al corazón de la criminalidad. Al menos la mitad de los periodistas asesinados han muerto por interesarse demasiado en las plagas del narcotráfico, el contrabando o la corrupción.

Así, Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial de Hermosillo, desaparecido el 2 de abril de 2005. Así, Raúl Gibb Guerrero, director del diario La Opinión, abatido el 8 de abril del mismo año en el Estado de Veracruz; un caso en el que nunca ha comparecido el principal sospechosos detenido, Martín Rojas, presunto líder de una banda de traficantes de gasolina.

Así, Enrique Perea Quintanilla, fundador del mensual de investigación Dos Caras, Una Verdad, que apareció torturado y asesinado, el 9 de agosto de 2006, en el Estado de Chihuahua, Estado cuyo gobierno rechazó, en el pasado septiembre, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), después de que fueran agredidos tres periodistas.

Con los asesinatos de Amado Ramírez, del canal Televisa, el pasado 6 de abril en Acapulco, y de Saúl Martínez Ortega, de la revista Interdiario y el diario Cambio de Sonora, el 23 de abril, a los que hay que añadir tres desapariciones en enero y mayo, el año 2007 ha aportado un lote suplementario de tragedias en las filas de la prensa. Ninguno de estos casos se han resuelto, ni juzgado.

En esta víspera del Día de los Muertos, Reporteros sin Fronteras quiere sumarse al homenaje de los mexicanos a sus periodistas. En virtud de los compromisos adoptados ante la CIDH, la organización espera de su parte un balance preciso de la marcha de las investigaciones en curso, y algunos gestos fuertes para terminar con la impunidad.

Agradeciéndole atención que pueda prestar a esta petición le ruego, Señor Fiscal, acepte la expresión de mis más respetuosos saludos.

Robert Ménard
Secretario general

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