Venezuela - La reforma constitucional de Chávez divide a Venezuela - 1ra Nota del día

El oficialismo defiende la mayor democratización de la "revolución" pero los detractores denuncian el "cercenamiento" de los derechos civiles

CARLOS ACOSTA (IDEAPRESS) | SANTA CRUZ DE TENERIFE

El mandatario venezolano, Hugo Chávez, continúa con la reforma constitucional tras haber derogado en 1999 la anterior Constitución a sólo un año de su llegada al poder. La actual modificación, que deberá ser aprobada por referendo en diciembre, avanza en medio de la polarización de los venezolanos; mientras el oficialismo defiende la "mayor democratización" de la "revolución", los detractores denuncian el "cercenamiento" de los derechos civiles e individuales.

El cónsul venezolano en Canarias, Jesús Sevillano, explica que "la democracia busca en todas partes del mundo acercarse al socialismo pero adaptado a las necesidades de cada pueblo". El criterio que guía la reforma constitucional "es la doctrina de nuestro señor Jesucristo; intentamos hacer un socialismo en función de lo que predicó sobre la igualdad para todos y la protección para los pobres".

La "desigualdad" y el "socialismo" son, en cambio, dos de los argumentos de quienes se oponen a la reforma. La abogada corporativa e investigadora universitaria, Milagros López, lamenta que la propuesta incluya el establecimiento de un modelo de Estado "socialista", pues resulta "incompatible" con los principios de igualdad y pluralismo político.

Elecciones en igualdad. López también criticó la implantación de la reelección "no sólo inmediata sino continúa" a la presidencia del país, que "priva al resto de los venezolanos de acceder a las elecciones en las condiciones de igualdad que establece la propia Constitución".

Sevillano alegó que "el presidente debe someterse al resultado de los comicios y si llega a perderlos, tendrá que irse a la oposición". Recordó que, "en el entorno europeo, hay 17 países que contemplan la reelección continua" y que la Constitución venezolana mantendrá la posibilidad de celebrar un referendo revocatorio a mitad de los siete años que dura la legislatura. "Si el presidente lo pierde, deberá dejar la presidencia".

Otro asunto que ha generado polémica es el régimen de la propiedad privada. El cónsul aseguró que "está totalmente garantizada; es intocable", antes de matizar que "debe ponerse a producir en beneficio de su dueño y de los demás porque, de lo contrario, se vulneraría a la sociedad". Según Sevillano, la propiedad privada abarca a "todo" tipo de bienes y se le reconoce "igualdad de posibilidades frente a la propiedad pública".

López denuncia que la reforma sólo reconoce la propiedad privada para "los bienes de uso y consumo". Así, quedan excluidos los bienes de ahorro e inversión y se limita "al inmueble de habitación, los enseres personales, la ropa y la comida".

Poder al pueblo. Sevillano defiende la creación del denominado Poder Popular, nueva instancia de la Administración central, porque "otorgará poder al pueblo, quien dispondrá absolutamente de todo lo que se haga". López critica que los representantes del Poder Popular "asumirán el cargo sin elecciones ni sufragio" y, en cambio, "fungirán como depositarios de la soberanía popular".

El cónsul señaló que su Gobierno "descentralizará" el norte de Venezuela, donde vive la mayoría de la población. El proceso requiere crear infraestructuras que permitan la redistribución poblacional.

Para acometer ese fin, la reforma permitirá al Ejecutivo constituir municipios federales que dependerán directamente del poder central. "El Gobierno nacional estará más pendiente y resolverá los problemas más rápidamente".

López aclaró que esta nueva atribución competencial al presidente permitirá crear también provincias federales, territorios federales y ciudades federales, así como designar sus autoridades. La actuación de esos representantes "se solapará con la de los gobernadores de los estados, lo que atenta contra la descentralización".

Garantías procesales y libertad de expresión

Tras el planteamiento inicial de reforma que formuló Chávez en agosto, a mediados de este mes se ha sumado la modificación de otro artículo que busca restringir las garantías procesales de los detenidos mientras rija un estado de excepción así como la libertad de prensa.

La modificación también eliminará el establecimiento de un plazo máximo para la vigencia de la excepcionalidad, como rige en la actualidad y disminuirá las formalidades que el Gobierno debe cumplir para establecerla. "Tras la Constitución de 1961, el Gobierno quedó obligado a respetar las garantías procesales incluso en los estados de excepción", explicó López. "Es ilógico derogar una conquista democrática en vez de ampliarla".

El otro aspecto que cambiará en los estados de excepción es la libertad de prensa. La oficialidad alega que durante el intento de golpe de Estado de 2002, "muchos medios optaron por apoyar y dar cobertura a los golpistas en vez del Gobierno legítimo". Además, "ni siquiera en esas circunstancias el Ejecutivo declaró el estado de excepción".

El Gobierno de Chávez ha sido criticado con dureza por la Sociedad Interamericana de Prensa por la forma en que trata a los medios opositores. La no renovación de la concesión al canal de televisión de línea opositora RCTV, que la empresa denunció como un cierre, ha sido el capítulo más destacado de esas acusaciones.